Por Hugo Carassai.
Se ha establecido una moda no productiva: atacar a la actividad empresaria. Si son grandes, si comercian con el exterior o si tienen operaciones en otros países. Se ha estigmatizado a las empresas que combinan capital, trabajo, innovación, coordinación y administración para obtener un beneficio, dar empleo, reinvertir para crecer y desarrollarse. ¿Cuál es el problema? ¿Es la grieta que conduce al resentimiento torpe de lo que uno no fue capaz de hacer? Esas generalizaciones son lamentables y no conducen a nada, además de perjudicar a la nación. Es decir, a todos.
Argentina necesita empresas porque son las que darán empleo. Hay que dejar que los emprendedores creen y se desarrollen. Muchas grandes empresas nacieron en su momento como PyMEs o micro PyMEs. Un país como Argentina que decimos que tiene todo (potencialmente), pero que termina siendo nada por los resultados: pobreza, indigencia, subdesarrollo, desempleo. Parece ser un deporte nacional poner trabas a todos los que quieren desarrollarse. No es que las PyMEs sean buenas y las grandes, malas. Todas las empresas pueden ser buenas o malas. Requieren reglas de juego estables (en la macroeconomía) y procedimientos y ayudas, sin entorpecimientos (en la microeconomía).
El Estado —que no es lo mismo que el Gobierno— debe apoyar todos los emprendimientos lícitos y controlar que se cumpla la ley. No hacen falta nuevas leyes; tenemos demasiadas y al final son un laberinto.
Si una empresa argentina nace como PyME, crece, se desarrolla, se multiplica, finalmente se internacionaliza con sedes en otros países y hace negocios en el mundo, ¡enhorabuena! Parece que operar en el exterior es delito. Eso es un absurdo.
Una presión tributaria excesiva
La Constitución Nacional habilita el comercio, la industria, la actividad agropecuaria. La única condición es que las empresas sean lícita, con arreglo a las leyes, y paguen impuestos. Las empresas actualmente tributan en exceso, a punto tal que ahogan las actividades de todos los sectores. Además de los tributos se establecen sistemas absurdos de recaudación adelantada, como retenciones, percepciones y anticipos que anulan el capital de trabajo de las empresas, que es como la savia que recorre toda la organización, para que se pueda producir, comercializar, brindar servicios y dar empleo.
Hoy pasa con ingresos brutos, un impuesto que destruye la propia actividad, salvo que el afectado ingrese a la clandestinidad. Eso genera nuevos problemas, que es la marginalidad, ya que termina todo eclosionando en un sistema de competencia desleal, donde hasta se pierde razón de los precios relativos de toda la economía. Actualmente este tributo provincial pesa mas que el de ganancias, porque es sobre la venta bruta.
La economía argentina está en crisis porque el Estado gasta más de lo que corresponde. Ese exceso de gasto, que en su gran mayoría es improductivo, conduce a problemas que no tienen solución. El déficit permanente conduce a emitir o se endeuda el Estado. Finalmente, todo ello converge a déficit e inflación, que son nuestro circulo vicioso que nunca se resuelve.
Todas las trabas y obstáculos que a menudo imponen diversos organismos públicos, no para controlar la legalidad sino simplemente para establecer controles o pasos innecesarios, generan costo a dos puntas: al que produce y al propio Estado. Esto finalmente impacta en el precio y alienta la inflación o, en todo caso, la desazón de quien no puede soportar en su estructura costos estos tributos y gastos innecesarios.
El país atraviesa un un severo proceso de perdida de valor porque las trabas, las exigencias innecesarias o la suma de tributos se van potenciando y logran que un negocio, lejos de adquirir escala, solo logre un gran endeudamiento o su propia extinción. A esto se suman sistemas laborales torpes —como el de la indemnización, ahora duplicada— que, en vez de alentar el empleo, acrecienta la industria del juicio para beneficios de terceros.
Nuestra Constitución es liberal, lo que no quiere decir neoliberal. Garantiza la libertad de trabajar, producir, tener un comercio, brindar servicios, ejercer una profesión. Por esa actividad hay que tributar, pero los impuestos no pueden ser confiscatorios. Los que llegan a un cargo público y asumen el carácter de dueños del Estado se equivocan si creen que deben ordenar nuestras vidas o exigirnos trabajar a pérdida o destrozando nuestro futuro. El Estado es necesario en su justa dimensión. El nuestro no es un sistema colectivista.
La destrucción de la competitividad
Una política adecuada en materia de producción debe apuntar al mercado doméstico y al exterior, para tener escala y calidad creciente. Estamos en un mundo globalizado en el que hay que competir. Para eso no alcanza con decir que tenemos los cuatro climas, las llanuras y las nieves del sur, hace falta ponerse a trabajar en todas las actividades sin distinción. Eso significa aportar esfuerzo y, los que pueden, capital. Pero es obvio que cada uno perseguirá un ingreso o una renta. Es lícito y razonable.
“Hay que distribuir”, reclaman muchos. De acuerdo, pero hay una equivocación reiterada entre políticos, dirigentes y reclamadores seriales: lo que se debe distribuir es el ingreso. Es decir, lo que se va a producir. No hay que distribuir la riqueza, que es lo que existe. En ese caso, lo que estarían proponiendo sería la expropiación de bienes, de esfuerzos y de ahorros. O, en un caso extremo, el robo. Es importante que cada uno de nosotros asumamos que hay que distribuir el ingreso, es decir lo por venir. Para ello hay que aunar esfuerzos —capital, trabajo e innovación— en pos de un resultado, y así ser socios en el producido.
El Estado es uno de esos socios, por eso cobra impuestos. Pero el resultado sobre el que debe cobrar impuestos es el ingreso neto, no el bruto como hacen las provincias y municipios. Este tipo de tributo genera un efecto cascada que en cada paso destruye la competitividad y afecta la capacidad de exportar y agregar valor en cadena. En el mundo globalizado, la complementación entre empresas es esencial. Por eso muchas arman redes de producción y van enlazando la cadena de valor para obeter un producto. En esas cadenas, el impuesto a los ingresos brutos es un escollo que acrecienta costos. Es sabido que ningún país exporta impuestos, pero en nuestras cadenas, por este sistema pernicioso, lo que hacemos es destruir nuestra competitividad.
Tener una empresa no es sencillo, no es jugar de banca. Es correr riesgos. Puede salir bien o mal. Tomar personal tiene una exigencia básica, cada plaza que uno crea debe sumar una utilidad al creador del emprendimiento. Si no, ¿para qué tomarse otro dolor de cabeza? El ejemplo reciente del teletrabajo ya produjo una catarata de regulaciones que solo conspiran contra un sistema moderno que puede mejorar los costos, generar ingresos a los dependientes y reducir costos del transporte y movimientos, que en una pandemia se deben disminuir en beneficio de la salud.
El deporte nacional de generar normas es torpe. Alcanza con mirar el Boletín Oficial de cada día, donde aparecen todas las disposiciones con muchos considerandos, explicaciones y referencias a leyes o normas pasadas, que operan como justificaciones para tomar decisiones que no son adecuadas o que, en definitiva, más que una solución son un problema. Si queremos crecer y tener empresas que den empleo, ¡simplifiquemos! El gasto improductivo destruye la actividad y el empleo. Más Estado y más regulaciones no son el camino, eso ha quedado demostrado.