Exposición: Fundamentos y desafíos de la soberanía argentina en Malvinas y Antártida

Trabajo de Marcelo Lascano (h) que expuso en la Fundaciòn Frondizi.

Introducción: la incidencia de una clara conciencia histórica

Aún absorbidos por el presente, o preocupados por lo reciente, la comprensión del proceso que llevó a la conformación del territorio argentino merece revisarse por cada generación. Incluso la gestión del Estado requiere una conciencia clara del origen y motivaciones de ciertas tareas que parecieran ser tan sólo procedimientos heredados por la sola inercia institucional. Una muy reciente circunstancia de nuestra vida pública lo comprueba. Al momento de su pérdida,el submarino ARA San Juan ejercía la presencia del Estado en un sector de nuestro territorio. Comprender por qué esa zona del globo terráqueo conforma elEstado argentino justifica la existencia de un presupuesto en defensa yclarifica las motivaciones de cuarenta cuatro personas al elegir una carrera militar.

Son otras las áreas de nuestra vida pública, y no la política marítima, las que hoy demandan prioridad en las definiciones de política, en el debate de ideas. Pero no es en estas urgencias que encontraremos un sentido de Estado para una pérdida tan grande, ni para los recursos que destina el Estado a la custodia física y diplomática del territorio. Podemos formular uno explorando nuestra historia territorial.

En las primeras orientaciones que asumieran las historiografías políticas de la Argentina, el factor territorial no quedó entre las principales categorías estructuradoras. En primer término, se relegan los siglos fundacionales que conforman un espacio funcional en la gran planicie del Cono Sur que luego, con la organización de un Virreynato, es reconocido en la estructura administrativa del Estado español. El énfasis de nuestra cronología en una fecha de quiebre – 1810 – desliga esta etapa de lo que vino después, como quien edita discrecionalmente las escenas de un relato de ciencia ficción. Pero la realidad, necesariamente, requiere de una continuidad y, sea cual sea el criterio, el de una historia social o sólo política, los hechos se enraízan en lo previo y son fundamento de lo posterior.

  1. El fundamento de la soberanía argentina en el Atlántico Sur

Nuestra historia territorial se desarrolla en ese sector de globo desde 1767. Los documentos gubernamentales del imperio español muestran que el establecimiento en las islas tuvo por objetivo incorporar un sector oceánico a sus dominios, con las islas como base.

Durante los 66 años que seguirán, el desarrollo económico inicia un ciclo ascendente. Laurío Destéfani en su libro Vida Hispánica en Malvinas mostrará la aparición de una actividad agropecuaria que acompañará el temido presidio, hito del Estado Español en aquellas lejanías.

Pero sobre todo será el desarrollo de la pesca el protagonismo, lo cual mostró que la decisión imperial de ir primero a conquistar grandes espacios marítimos, y no quizás por la Patagonia, fue la acertada. Debemos a Ernesto Fitte el inicio de la investigación histórica en este plano.

A partir del siglo XVIII los actores de la economía del Río de la Plata, junto a las potencias pesqueras mundiales de entonces, comenzaron a frecuentar los mares del Atlántico Sur. Fue por este motivo que en 1767 España se estableció definitivamente en las Malvinas e inició las gestiones diplomáticas que deslindaron su soberanía. Esto implicó varios años de negociaciones con Gran Bretaña, como investigó el historiador Zorraquín Becú. De este modo, la delimitación de jurisdicción fue consecuencia de la expansión de la economía hacia sectores del globo inhóspitos e infrecuentados.

Figura 1- Mapa de la Argentina, izquierda: cronologías de permanencia histórica en sectores del Atlántico Sur. Derecha: extensión de la Zona Económica Exclusiva y de su ampliación sobre los recursos del lecho y subsuelo. Representación del territorio argentino de acuerdo a lo establecido por la ley 26651/2010.

La integración territorial de los mares del Sur surgió entonces a partir de un proceso, en primer término, espontáneo, que ocurrió sobre una porción del planeta que aún no era parte del tablero político mundial. En aquella helada soledad del extremo Sur del globo no había motivos para guerras de conquista ni animadversión histórica entre naciones, por lo que, en segundo término, puede caracterizarse el proceso como pacífico. Además, la lejanía de estos mares respecto del hemisferio Norte, permitió que este proceso se prolongara por décadas. Se trató de un proceso lento pero sostenido, y por lo tanto, en tercer término, acumulativo. Además, comenzó a constituir parte visible de la vida náutica, comercial e institucional del Virreynato, quedando plasmado en la documentación del Estado, tales como los registros de la capitanía del puerto de Buenos Aires o las actas de su Cabildo.

Entre las manifestaciones del Estado surgidas de la administración de espacios oceánicos cabe destacar la implementación, ya en el siglo XVIII, de controles a la explotación de los recursos naturales. Siguiendo instrucciones de Madrid, gobernadores y Virreyes formularon normas y fiscalizaron la extracción de las distintas especies, avocando recursos, tiempo y diplomacia. Fue tal la importancia que asumió el ejercicio de esta potestad estatal, que aún en 1886 el Gobierno Argentino la alegó como el principal antecedente en relación a la soberanía en el Atlántico Sur, cercenada por la toma de las Malvinas. El entonces encargado de la legación argentina en Estados Unidos, Ernesto Quesada, presentó al Gobierno de los Estados Unidos un memorándum compilando aquellas acciones de fiscalización, que hoy conocemos como Memorándum Quesada. Es larga esta lista de episodios en los que el gobierno de Buenos Aires comunicó sus disposiciones a los navegantes, así como condujo revisión de buques. Fueron numerosos aquellos tempranos actos de Estado.

La expulsión de Malvinas de 1833 tuvo por objetivo remover esta regulación de la pesca que desarrollaba la Argentina en los mares del Sur. Esa fue la entidad que logró alcanzar, tras décadas, la presencia estatal, en la que nos parece una lejana época que, equivocadamente, no asociamos con la existencia de estatalidad. Por si quedaran dudas, la suficiente entidad para motivar una acción bélica por parte de las principales potencias marítimas de entonces.

La adquisición de derechos por parte del Estado sobre espacios del Atlántico Sur y del Sector Antártico no se originó, entonces, en una acción bélica contra otro Estado, no constituyó una práctica discursiva, que antepusiera una aspiración a la presencia real del Estado, ni se originó en formulaciones diplomáticas sólo existentes en la tinta y el papel, que aún pudiendo inundar las cancillerías de otros Estados, al día de hoy no superarían el carácter de meramente unilaterales.

El rico itinerario histórico argentino en los mares del Sur dejó huellas en el plano de las relaciones internacionales. La temprana maduración institucional que experimentó nuestro país en temas de política marítima explica que fueran tratadistas argentinos los primeros en proponer en foros internacionales las categorías jurídicas para normar la territorialidad en los océanos. José León Suárez lo hace en el seno de la Sociedad de las Naciones en 1925, señalando la necesidad de establecer la jurisdicción de los Estados en razón de metas de preservación de los recursos naturales. Realizó la propuesta en el marco de las reuniones preparativas para el Congreso de Codificación de Derecho Internacional de La Haya de 1930. Por su parte Storni en 1916 y Nágera en 1927 señalaron los rasgos físicos de la plataforma continental que, en 1938, legisladores de los Estados Unidos tomarán para el primer proyecto parlamentario para diseñar la jurisdicción de ése país sobre sus costas.

A pesar de asumir esta profundidad histórica, Malvinas y todo su entorno marítimo parecieran ser entendida como una temática de la segunda mitad del siglo XX. Lo que se dice respecto a las Islas parece tener un origen reciente. Hechos frecuentemente aludidos como el tratamiento que tuvo la cuestión de soberanía durante los ´60 en Naciones Unidas, o la propia guerra del ´82 forman parte de la cronología histórica. Pero parecen estar disociados del origen de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Puede darse un ejemplo del ordenamiento conceptual que surge al recuperar la profundidad histórica total en relación a Malvinas y Antártida. El más grande tratadista de la cuestión Juan Carlos Puig, refiriéndose a la expulsión que sufrimos en 1833, ha señalado en su clásico libro que “(…) la República Argentina conserva hasta el día de hoy los derechos de que fue privada por una ocupación violenta. Desde luego, estos derechos no sólo se refieren a las islas Malvinas en sí, sino a todos aquellos territorios que se administraban desde ellas”

EN efecto, ya sea desde la historiografía o desde la enseñanza escolar, no suele darse el relieve suficiente al hecho de que los argentinos fuimos expulsados de Malvinas. Siguiendo en la misma línea, al reinsertar en la cronología este importantísimo hecho adquieren nueva perspectiva muchos hechos posteriores.

  • Problemas en la historia reciente

Aún es poca la distancia temporal que nos separa de los hechos diplomáticos ocurridos en las décadas previas a la guerra de 1982, y no existe una descripción de esos hechos ampliamente aceptada. Sin embargo, es tiempo ya de plantear algunos interrogantes en torno a los pocos hitos que suelen consignarse en toda crónica de aquellos años. Lejos de poder darles respuesta, la intención es al menos iniciar una reflexión al respecto.

En primer lugar, debería indagarse en qué medida el establecimiento del tratado antártico sacó la cuestión de soberanía en el Atlántico Sur fuera de lo estrictamente bilateral y lo posicionó en una agenda multilateral en la cual se integraron otras potencias mundiales. Betts y Bate(1987) señalan que fue nada más y nada menos que el tratadista antártico Eric Christie quien destacó que debía ser con el fin de mantener el posicionamiento en el continente blanco que el Reino Unido debía repeler la toma argentina de las islas de 1982. La magnitud de la base militar que luego se estableciera en las islas va también en ése sentido. No habría cuestión Malvinas como tal, sino cuestión antártica integral. El tratamiento del tema asumiría entonces para nuestro país un nivel político aún más alto que el tradicionalmente asociado con Gran Bretaña y la construcción de un tercer actor político malvinenses.

En este mismo plano puede revalorizarse el historial del tratamiento que la disputa d soberanía tuvo en Naciones unidas, frecuentemente aludido en libros y fuentes sobre el tema. Es en torno a un modo de vida desaparecido que se produjeron los dictámenes y resoluciones de ese organismo internacional. Asimismo, dichos antecedentes giran exclusivamente en torno a una figuración homogeneizante de los habitantes de la islas incompatible con el perfil demográfico actual. Y sobre todo, que constituye una figuración asépticamente separada de la sustantiva presencia militar desarrollada luego de la guerra de 1982. Cabe preguntarse entonces en qué medida son alegables o convenientes estos antecedentes diplomáticos de los años ´60.

Por último en cuanto la cronología previa a 1982, sería oportuno conducir una revisión del intercambio bilateral sobre la cuestión de soberanía. Distintas fuentes indican que el Gobierno del Reino Unido condujo una política de seducción con el argentino, habilitando instancias de diálogo, de cooperación, manteniendo a una distancia variable la cuestión de la soberanía. Es probable que esto, combinado con un desconocimiento de la historia, generara entre nuestros dirigentes la impresión de un cambio en la posición de ése país. El Reino Unido pareció iniciar un proceso de desacople, de desvinculación, mediante el establecimiento de intercambios y gradualidades en distintos planos: vuelos regulares de una aerolínea estatal argentino, envío de maestras a las islas, envío de malvineses a colegios británicos en el continente, inicio de actividades comerciales de YPF en las islas. Está pendiente realizar un análisis completo de cómo esto incidió en la evaluación concreta que nuestro país condujo sobre la real posición del Reino Unido respecto a la soberanía. Este curso de los acontecimientos, al no producir resultados concretos, pudo producir la transformación de las expectativas acumuladas en frustración. Junto a las señales de apoyo al gobierno argentino de 1982 que dieron otras potencias, este podría ser uno de los condimentos que explican la decisión argentina de ir a una guerra.

  • Status Isleño

El poblamiento de Malvinas es un proceso interrumpido. Sus habitantes actuales pisan sobre las huellas de una historia cercenada. Existen necesariamente dos planos paralelos en el tiempo: el de la expulsión de 1833, que resuena intacta hasta nuestros días, y el de quienes son descendientes de aquellos británicos llevados a las islas después de 1842. Se unen ambos poblamientos en el hecho de que las islas son su lugar en el mundo.

Siguiendo a Puig (1960), debe considerarse que, a menos que 1833 sea el principal axioma con el cual razonamos el reclamo de soberanía, tan sólo quedan los dos símbolos erigidos por Gran Bretaña: los isleños actuales como un actor sustanciado en tan sólo algunos miles de almas, frente a una Argentina de millones que, en alguna instancia, albergaría todas la intenciones de aprovechar tal desproporción demográfica. En este esquema la ecuanimidad de un diálogo entre nuestro país y los habitantes de las islas parece medirse sobre la base de volúmenes numéricos, a la manera de una geopolítica positivista favorable al “más grande”. Entretejido en este planteo “chico-grande” surge el segundo símbolo: la identidad isleña se ve en la necesidad de encontrar un tutor, con el cual no tendría ningún vínculo histórico. Estos dos símbolos pueden evaluarse desde el punto de vista territorial.

En cuanto a la asimetría, cabe destacar que se construye sobre la base de un debilitamiento o relegamiento de la historia previa a la guerra de 1982. Esto se produce asumiendo que en la discusión de la soberanía una potencia mundial no estaría representándose a sí misma, sino sólo abogando por un pequeño grupo de personas con quienes no presentaría un vínculo claramente definido: la insistencia en lo “isleño”, sin ninguna asociación a la identidad británica, establecería una distancia entre el abogado y el representado. Pero aquí puede reconocerse una persistente ausencia del representado. El poder político presente en Malvinas, sin fisuras ni parcializaciones, es el que paga los dos mil efectivos apostados en las islas luego de 1982. El objetivo de este gasto militar son las islas, como nodo, como posición en el tablero de los océanos. En la realidad, entonces, la autoridad británica abarca y absorbe lo “isleño”, la autonomía, a modo de argumento que se cierra sobre sí mismo, para dejar intacto el status quo de 1833.

A diferencia del segundo símbolo, que constituye una argumentación sostenida por el gobierno de Gran Bretaña, el primer símbolo atañe a los habitantes actuales de las islas, y por lo tanto debe abordarse con una profunda actitud de respeto y una actitud de aprendizaje. Se trata de un aspecto sobre el cual la Argentina debe comenzar a delinear un rol y debe comprender expectativas y percepciones diferentes a las que tradicionalmente se asocian a la restitución de la soberanía. Puntualizaremos algunas reflexiones al respecto a partir de la identidad en las islas y su eventual inserción en el contexto de la diversidad cultural de la Argentina.

Hasta antes de mediados de la década de 1980 hubiera tenido algún fundamento, fundamento débil, reconocer en el plano legal la emergencia de un matiz identitario local, Falklander, nuevo, originado a raíz del reemplazo de población iniciado en 1842 y completado en las décadas sucesivas (Destéfani, 1982). Pero en el plano legal es hoy una cuestión cerrada: luego de la guerra de 1982, el Reino Unido otorgó la ciudadanía británica a los Malvinenses.

El análisis de los habitantes actuales puede realizarse también desde el punto de vista demográfico. El censo de 2006 indica una fuerte componente de migrantes temporarios que engrosan el total de población. Por lo tanto, son sustancialmente menos de tres mil las personas para quienes Malvinas tienen un significado afectivo: el anómalo predominio de personas de entre 30 y 60 años de edad, en combinación con altas tasas de masculinidad, muestra que un porcentaje significativo del total de población civil proviene de afuera de las islas . Por otro lado, las Malvinas han sido permanentes expulsoras de población, lo cual debilita, sin anularlo, el argumento de las familias de varias generaciones, inexcusablemente alegado junto a la formulación de la existencia de una identidad isleña no británica. Es probable que, si se sigue el criterio de la “generacionalidad”, encontremos a la mayor parte de los nacidos en Malvinas en el resto del mundo. En su libro Betts (1987) ha descripto con particular conocimiento la antropología del destierro y emigración a que están sujetas las islas por su inédita lejanía. 

Las personas que actualmente habitan las islas tienen un arraigo al lugar y esto debe ser respetado. La restitución de la soberanía los colocará en una situación nueva que, como todo cambio, les representará un costo. A la Argentina le tocará la alta responsabilidad de canalizar una transición. Pero se trata en definitiva de resolver un problema que el país no creó. El agravio de 1833 y la expulsión de los isleños de entonces no se ve modificado por la situación creada por Gran Bretaña posteriormente. La presencia de población arraigada, como cuestión concurrente al problema de soberanía, no constituye una circunstancia insalvable y definitivamente no supera en entidad a los hechos de 1833. Y sería ideal que los británicos de Malvinas pudieran contar también con la posibilidad de resolver con su gobierno esta herencia: permanecer en la tierra en la que se han arraigado, en un país diferente al de su origen, replicando hoy la vivencia de la inmigración europea del siglo XIX. O dar prioridad parcial, o una prioridad absoluta a su identidad británica. En algún sentido, 1833 también es un problema para los malvineses actuales: poseer una identidad por fuera del dominio geográfico de origen.

  • La cuestión de los recursos naturales. Del Ártico a la Atlántico Sur

Como se indicó previamente, en los mares del Sur desde el comienzo tuvo protagonismo el aprovechamiento y protección de los recursos naturales. Debe destacarse que este aspecto se alinea con el actual desarrollo de una ramificada diplomacia de los recursos naturales en el Atlántico Sur, más de doscientos años después. Como si los rioplatenses fundadores lo hubieran intuido, su acción pionera en el control de la pesca emerge como un antecedente irreplicable para el país, por el cual además se ha pagado un costo político con la expulsión de Malvinas. La Argentina se posiciona como la iniciadora de lo que hoy dirime el diálogo de los Estados en el área.

En efecto, usualmente no se asocia el reclamo por Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur con la protección de los recursos subantárticos. Sin embargo, la diplomacia de la preservación ha comenzado a desbordar el ámbito del Tratado Antártico. La diplomacia de los recursos naturales vuelve, como en el siglo XVIII, a constituirse en eje directriz del diálogo entre los Estados también al Norte de la Antártida.

Hoy, en el marco de los canales diplomáticos del caso, el Tratado Antártico y la Convención de Derechos del mar de las Naciones Unidas, la Argentina debe continuar la defensa de los recursos naturales en la zona en forma integral. Las consignas que debe seguir abordando la historia se presentan en el plano de la política internacional de protección de recursos naturales. Nuestro país debe generar una lectura muy específica y propia de este escenario.

El análisis de los hechos recientes en el Ártico, así como un breve repaso sobre la definición de los intereses de los Estados árticos en la zona, pueden servir para generar una ampliación de los argumentos y elementos con los que nuestro país enfoca sus intereses en el conjunto del Atlántico Sur. La insistencia sobre la individualidad de los británicos de Malvinas podría quedar desplazada o combinarse con la carga conceptual sobre los recursos naturales marítimos y antárticos.

Figura 2 – Límite preliminar de ZEE extendida propuesto por Rusia en 2001, modificado sobre el disponible en línea en el sitio de la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas. Elaboración propia sobre la base de cartografía de la presentación de Rusia a Naciones Unidas.

El Ártico es entonces, en estos momentos, escenario del común y corriente devenir histórico que, en cada lugar y a partir de una combinación singular de circunstancias, ha dibujado los límites de las soberanías territoriales en todo el mundo. Desde el sentido acumulativo de la historia podremos evitar caer en el excepcionalismo del presente, error más que frecuente, por el sólo hecho de ser contemporáneos.

Este sentido acumulativo de la historia debe rescatarse para el Atlántico Sur, donde la creencia del excepcionalismo del presente puede expresarse mediante elementos ambientales, expresado en conceptos de las ciencias naturales, mediante la asepsia de la actividad científica. El Océano Atlántico Sur y la Antártida son ámbitos de la política mundial y de la historia en la misma medida que el Ártico. Salvo que se ubique la comprensión política exclusivamente en el plano de los anhelos. Un científico dijo creer que “en la Antártida las personas se comportan de otra manera, hay otra consciencia”. Tales dichos entrañan generosidad, pero a la luz de lo que sucede en el hemisferio Norte no pueden más que sufrir un decepcionante contraste con la realidad. Y pueden dar fundamento a una aparente indeterminación jurisdiccional del Atlántico Sur.

  • La sustitución del lenguaje del derecho y la historia por el de las ciencias naturales: la convergencia antártica.

Para la gran zona polar Sur, que incluye el Atlántico Sur, el desarrollo de la diplomacia en el marco del lenguaje de la actividad científica y la cooperación ha sido señalado tempranamente por Quadri (1986), mediante una minuciosa crónica de las reuniones consultivas del Tratado Antártico y las Convenciones de conservación asociadas. Las actividades de investigación, estrictamente dentro de las ciencias naturales, se convierten en el canal de comunicación principal, desarrollándose en forma desproporcionada en relación a las vías tradicionales de vinculación entre los países. La diplomacia pasa así a expresarse en otro idioma.

Este rasgo excede lo relacionado directamente con la Antártida. En efecto, el hiperdesarrollo de la diplomacia de los recursos naturales ha llevado a la adopción progresiva del concepto de límite biológico circumpolar. Las actividades científicas son entonces el código de comunicación también al Norte del perímetro antártico (60º S). El límite biológico seleccionado como límite natural o funcional de la Antártida se denomina “antartic convergence” y se define como una estrecha franja en la que se produce un rápido cambio de la temperatura del agua en el sentido Norte-Sur. Su posición media en el Atlántico Sur se muestra en la figura 3.

Figura 3 – Límite de la zona de aplicación de la Convención de Canberra para la conservación de recursos vivos marinos Antárticos, sector Atlántico Sur. Mapa oficial, disponible en http://www.ccamlr.org/en/organisation/convention-area

El concepto de “antartic convergence” ha sobrepasado su entidad como construcción de las ciencias naturales para transformarse en una categoría jurídica. Sobre la base de su posición media anual ha sido establecido el límite Norte para la aplicación de la “Convención para la conservación de recursos vivos marinos Antárticos”, llamada también de Canberra, acordada en 1980 y ratificada por nuestro país en 1983. Se vincula un límite de convención jurídica con un límite ecológico o surgido de las ciencias naturales, la “antartic convergence” (Colacrai, 1988). Como se observa en la figura 3, incluye las Georgias y las Sandwich del Sur. Puede insistirse que este límite se refiere a una convención para recursos antárticos, pero al mismo tiempo excediendo ampliamente los 60º S. El régimen de la indeterminación jurisdiccional se proyecta entonces crecientemente sobre el Atlántico Sur. Lo que fuera creado para la Antártida comienza a exceder el perímetro del continente, los 60º S, abarcando ahora el Arco de Scotia.

En Malvinas este tema de los recursos naturales podría superponerse a la cuestión identitaria de los actuales habitantes. Aunque pudiendo alcanzar sólo un segundo plano, pasaría a constituir una reserva argumentativa en caso de agotarse la primera. Pero en Georgias y Sandwich del Sur, no alcanzadas por la semántica identitaria britanizante, los recursos naturales asumen plena vigencia y constituyen un flanco diplomático de múltiples potenciales. Estas islas del Atlántico Sur han quedado abarcadas por el límite jurídico asociado a la “antartic convergence”. La diplomacia de los recursos naturales, surgida como herramienta exclusivamente antártica, avanza hacia el Norte, abarcando nuestras islas sin límites conceptuales. Mientras en el hemisferio Norte los países avanzan hacia una precisa delimitación jurisdiccional, en el Atlántico Sur se profundiza la aplicación de regímenes legales indeterminantes, mixtos y de ambiguas implicancias

  • Conclusiones

Hemos intentado hasta aquí destacar la importancia de la historia territorial para nuestras relaciones internacionales. Los dos temas abordados tienen en común una cosa: constituirse en ejes conceptuales que desplazan y reemplazan por completo la historia. La identidad local y el lenguaje científico han funcionado como universos que se agotan en sí mismos, desconectados del pasado.

Corresponde entonces a los argentinos valorar su propia historia territorial. Es cosa positiva recordar con sobriedad los logros de nuestros antepasados, evitando la pomposidad con la que relatan su historia algunos países. Pero si la sobriedad es virtud, el olvido es irresponsabilidad. Y los sucesos actuales en el hemisferio Norte proveen un dimensionamiento adecuado a la cuestión Atlántico Sur: la reinstalan en el contexto mundial, del cual parece estar simbólicamente aislada por la aplicación de un régimen jurídico ad-hoc sin paralelo en todo el planeta. Los sucesos recientes en el Ártico, entonces, nos explican qué está pasando en el hemisferio Norte, pero también ponen en contexto lo que está pasando en el hemisferio Sur. Si bien el Consejo del Ártico no constituye una instancia jurídicamente vinculante (Bloom, 1999), la Argentina se beneficiaría de participar como observador. Es interesante mencionar que debería hacerlo bajo la tipología de non-arctic state, categoría neta, inexistente en el Sistema del Tratado Antártico, donde la designación de los países participantes generaliza mucho más su asociación geográfica e histórica con la Antártida.

La Argentina debe conocer bien sus intereses y su propia historia. Y así como el reclamo por las Malvinas y otras islas se sostiene por el carácter coercitivo de la expulsión en 1833, los intereses argentinos en todo el Atlántico Sur integran de igual manera la historia de nuestros antepasados que pacíficamente se instalaron allí en el siglo XVIII.

  • Biliografía referida en el texto o recomendada:

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